Expertos en derecho internacional advirtieron sobre los excesos jurídicos y la opacidad financiera del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que pone en jaque las democracias latinoamericanas. Fue en el marco de la firma de una Declaración por la Familia.
El jueves 9 de noviembre en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, 11 diputados de Nueva República, Liberación Nacional y Progreso Social Demócrata firmaron la «Declaración de San José a favor de la Familia». Fue el corolario del Seminario Internacional “La familia: presente y futuro de Costa Rica” celebrado el 7 y 8 de noviembre con 287 invitados entre políticos, académicos y representantes de la sociedad civil.
En la Asamblea, ante los legisladores firmantes, Sebastián Schuff, presidente de Global Center for Human Rights (GCHR) afirmó que “la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, es el mejor tratado de DDHH del mundo”
porque “es el único que defiende estrictamente la vida desde la concepción, que define la familia y el matrimonio como la unión del hombre y la mujer, y que defiende la libertad de conciencia, de creencias, de culto, de pensamiento y de religión”. https://twitter.com/GlobalCenter4HR/status/1724943170033603028
Pero señaló que hoy “los organismos internacionales, como la Corte IDH, deciden lo contrario a lo que dicen los tratados (…). Donde dice vida, interpretan aborto, donde dice hombre y mujer, se interpreta cualquier tipo de unión de cualquier tipo de sexo”.
Según Schuff, “desde hace un tiempo, el concepto de Derechos Humanos está siendo utilizado como herramienta de manipulación para socavar la soberanía de los países y superar su voluntad democrática por arriba y por debajo de los ciudadanos”.
GCHR es una ONG dedicada a velar por el cumplimiento de los tratados internacionales de DDHH y por la transparencia de los organismos multilaterales que este año publicó un “Balance de financiamiento de la CIDH y de la Corte Interamericana 2009-2021. Opacidades e influencias en una financiación condicionada”. El mismo indica que más de un tercio de los fondos del SIDH proviene de aportes extraordinarios de países extracontinentales, empresas privadas y ONG transnacionales, que indican “específicamente sobre qué asuntos se van a aplicar, incluso incidiendo sobre su contenido de las decisiones”.
Neydy Casillas, vicepresidente de Asuntos Internacionales de GCHR, señaló que los funcionarios costarricenses en la ONU y en la OEA, tienen el deber de firmar obligaciones específicas que estén “de acuerdo a su legislación nacional y que respeten el querer de su pueblo”, pero advirtió que eso no está sucediendo porque se ignora “lo que ustedes (diputados) firmaron en los tratados internacionales, ignoran primero la autoridad de sus gobiernos (…) pero, además, se está menoscabando la legislación nacional”. La abogada previno a los legisladores: “Estos organismos internacionales hoy menoscaban la democracia, ya que se están poniendo como un parlamento supranacional que está por encima de las naciones y deciden algo que el pueblo delegó en ustedes, diputados costarricenses y, además, está mermando la soberanía de su país”.
El secretario general de la Confederación Europea de familias numerosas, Raúl Sánchez, por su parte, expuso sobre la preocupación de distintos gobiernos del mundo por el invierno demográfico como consecuencia de las políticas antinatalistas. Afirmó que “Costa Rica es el país con la fecundidad más baja del continente americano, con 1,23 hijos por mujer (…). Esto significa que, aquellos que tienen menos de 40 años, ya no tienen el número necesario de nacimientos para el reemplazo poblacional, cuyo número es del 2,1, y su principal.
consecuencia es no poder mantener el sistema del bienestar, que depende del reemplazo poblacional”.
El diputado Fabricio Alvarado, jefe de fracción del partido Nueva República, cerró la exposición invitando a los presentes a firmar la declaración: “Si analizamos cuidadosamente los problemas que están atacando más a nuestra sociedad, en casi todos ellos hay carencia de estabilidad familiar. Es por eso que proteger a la familia nos protege a todos, robustece el tejido social y prepara un mejor futuro para Costa Rica” y explicó que “firmando esta declaración, nos comprometemos a promover la incorporación de la perspectiva de familia en las políticas públicas costarricenses. Esta declaración es apenas un inicio”.
