¿Cómo manipulan a la Corte IDH para forzar leyes que tu país no quiere?

El plan para legalizar el aborto usando a la Corte IDH perjudicará a tu país.

El Poder Legislativo de cada Estado crea las leyes de cada país. Los Estados miembros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometieron a cumplir los derechos contenidos en esta.

¿Pero qué pasa si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “agrega” derechos a la Convención? ¿Genera nuevas obligaciones a cada Estado?

¿Y si un grupo de poder paga millones de dólares para crear nuevos derechos? El caso Beatriz es un caso armado para crear “nuevos derechos” con millones de dólares detrás. Esto es una amenaza enorme para la democracia, la seguridad jurídica y la soberanía en la Región.

Gobiernos extranjeros y grandes corporaciones, a través de sus millonarios aportes extraordinarios, han cooptado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) deformando su agenda para su propio interés y atentando contra la institucionalidad de los países de Latinoamérica.

El SIDH está siendo manipulado como un mecanismo totalitario de manipulación para legalizar cuestiones que los poderes legislativos nacionales se oponen a legalizar. Y ya se utilizó al menos una vez.

2016

En Costa Rica, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, ante la oposición del poder legislativo para aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pidió a la Corte IDH una opinión consultiva al respecto.

2017

AECID, una agencia española de cooperación, destinó a la Corte IDH 313.350 dólares para “resolver casos y opiniones consultivas que contribuyan a la protección de grupos vulnerables a través de la emisión de estándares sobre (...) no discriminación por orientación sexual y por identidad de género”.

2017

Ese año la Corte IDH respondió a Costa Rica con su opinión consultiva OC-24/17 que favoreció el matrimonio entre personas del mismo sexo y pidió a los países firmantes de la Convención que lo reconocieran.

2018

La Sala Constitucional costarricense, fundándose en la opinión de la Corte IDH, declaró inconstitucionales las partes del Código de Familia que prohibían estos matrimonios e impuso al Poder Legislativo, 18 meses para legislar. De no hacerlo, quedaría automáticamente reconocido el matrimonio igualitario. Eso ocurrió en mayo de 2020. Un año antes, también basándose en esa opinión consultiva, la Corte Constitucional de Ecuador hizo lo mismo.

Es decir, los poderes judiciales de dos países, Costa Rica y Ecuador, utilizaron una opinión consultiva de la Corte IDH -por lo cual pagó AECID- para “crear” derechos que no estaban enunciados en la Convención y así “legalizar” esas prácticas, pasando por encima de los poderes legislativos nacionales, a quienes compete la decisión.

Si esto pasó con una opinión consultiva ¿cuánto más puede causar una sentencia?

De esta forma, grupos de poder político, económico o ideológico usan a la Corte IDH para “crear” derechos y presionar a los Estados que se comprometieron a respetar la Convención -de la cual la Corte es intérprete- a cumplir esos nuevo derechos.

La Corte IDH convierte así a la Convención en un “cheque en blanco” que pone en enorme peligro la seguridad jurídica en la Región. Sobre todo, cuando es tan sospechosamente permeable a la manipulación financiera por su falta de transparencia.

¿Se repetirá este mecanismo de manipulación en el caso Beatriz, en el que la industria del aborto repartió millones de dólares entre quienes denuncian y quienes juzgan?

Cualquier medida o expresión en la sentencia que pueda favorecer a la industria del aborto, como el desarrollo de protocolos o guías para la interrupción del embarazo o para el aborto terapéutico o la ampliación de causales de despenalización o la creación de un supuesto derecho al aborto, etc, sería un claro signo de que la Corte IDH ha perdido su imparcialidad, ha traicionado a la Convención y ha iniciado un camino hacia la autodestrucción del SIDH.